MULTIMILLONARIA INDEMNIZACIÓN AGUDIZA CRISIS DE LAS AFP La buena vida de Provida

La Nación
Dalia Rojas

Una caja de incógnitas se destapó a las 10 de la mañana del viernes en la oficina del Sindicato Nacional de Trabajadores de Provida, cuando esa AFP comenzó a pagar una deuda de 1.100 millones de pesos con sus trabajadores. La pequeña fiesta sindical marcó el fin de una etapa y el inicio de otra de más largo alcance y que puede remecer un sistema ya debilitado: la verdad de cómo calculan y cómo tributan sus utilidades las administradoras de fondos de pensiones.
Durante una batalla legal de 13 años, los trabajadores de Provida lograron demostrar que esa AFP, propiedad del grupo español BBVA, hizo un cálculo arbitrario -a su favor- de las utilidades que le correspondía compartir con sus empleados. Una diferencia que, en la batalla judicial en curso, se calcula entre 2.000 y 8.500 millones de pesos, según el escenario. Para los peritos contratados por el tribunal, los 1.100 millones de pesos corresponden sólo a 70 por ciento de la deuda de Provida.
Pero Provida calla. Declinó responder las preguntas de LND y mantiene un perfil bajo, seguramente porque el problema que se le aproxima sobrepasa lejos el desembolso de aquella suma, pequeña para lo que está en juego. Como suele ocurrir en los temas financieros, el mecanismo denunciado es complejo, y las argucias difíciles de probar.

BICICLETA DE PREMIOS

En este caso, aunque el tribunal del trabajo aceptó la tesis sindical de que en las utilidades a compartir se deben incluir los “premios de baja siniestralidad” que las empresas de seguros otorgan a las AFP, luego la Corte Suprema no opinó lo mismo.
Esos premios son devoluciones que las aseguradoras remiten a las administradoras cuando se jubilan, mueren o invalidan menos afiliados que los estimados cuando se contrató el seguro.
Al menos la mitad de las AFP que operan en el mercado chileno de pensiones adquieren sus seguros con empresas de su mismo grupo económico. Una de ellas es Provida (BBVA), que controla un tercio de este mercado multimillonario y cautivo. De esta manera, los fondos que la AFP destina como primas para el pago de pensiones se invierten en los mercados por una empresa hermana, que luego regresa una parte como “premio”, lo que se suma a las utilidades de la administradora.
Adicionalmente, dice el abogado sindical Laureano León, estas devoluciones ocurren cada dos años porque las administradoras declaran un año bueno y uno malo, sucesivamente. En el “malo” no hay utilidades significativas, ni premios de baja siniestralidad y por ende bajan las gratificaciones a los trabajadores, y también los impuestos. En el “año bueno” se blanquea todo, pero han pasado 12 meses en que los dineros del “año malo” han generado lucro en los mercados de capitales.
León enseña sus cálculos: “El año 90 fue malo; apenas alcanzaron a 2.542 millones de pesos, o sea pocas utilidades, por lo que pagaron menos impuestos; el año 91 sube casi al triple, a 6.157 millones. Y esa es una constante: un año malo, uno bueno, uno malo, uno bueno... eso se repite hasta el día de hoy”.
Según el abogado, este ejercicio podría reportar un incremento de hasta 30 por ciento en el lucro, lo que a su vez podría ser de sumo interés para el Servicio de Impuestos Internos. León dice que hay cuatro querellas más en tramitación, y que si los tribunales consideran estos antecedentes, como ya lo hizo el SII, se produciría un nuevo vuelco en el tema, cuyas consecuencias pueden ser dramáticas para el sistema previsional.

REVISIÓN DEL SISTEMA

La candidata presidencial Michelle Bachelet ha prometido una revisión profunda del sistema previsional establecido por al dictadura, ante la evidencia de que ha servido básicamente como un mecanismo de acumulación de capital, sin garantizar a sus afiliados las jubilaciones prometidas cuando entraron al sistema y la vejez parecía, como siempre parece cuando uno es joven, imposible.
Convocado por el tribunal a dar su opinión en la demanda contra Provida, el SII fue más allá: no sólo aceptó la tesis de los trabajadores respecto a incluir los “premios por baja siniestralidad” en las utilidades anuales respectivas, sino que estimó que, en virtud de aquello, la deuda que los empleados reclamaban estaba por debajo de lo que la empresa realmente les adeudaba. Así consta, por ejemplo, en el Oficio Ordinario Nº 450, del 11 de agosto de 1998, suscrito por la jefa del Departamento de Resoluciones de este organismo fiscal, archivado a fojas 1433 del proceso en cuestión. El cálculo realizado por el SII incrementa el monto de las utilidades declaradas por la AFP Provida en 1.147 millones de pesos en el ejercicio tributario de 1990, y en 350,3 millones para 1991.
Fuentes relacionadas con Provida explicaron a LND que el problema es inherente al sistema, pues al no saber con certeza cuál será la tasa definitiva de siniestralidad de la cartera contratada el año en cuestión, el cálculo anual que incluyen en el balance es sólo lo ingresado durante ese período, aunque posteriormente se devenguen otros montos por el mismo concepto. En el asunto de fondo, se mostraron abiertos a modificar el sistema si el legislador así lo estima.

LLEGA EL AGUINALDO

Y así llegamos a la alegre mañana prenavideña del viernes 15 de diciembre, cuando se juntaron decenas de trabajadores activos y, la mayoría, ya desvinculados a cobrar los dinerillos. En total, 179 personas debían repartirse los 1.100 millones. Y, como si se tratase de una victoria antidictatorial, no falto el cantor espontáneo que desplegó todo el repertorio setentero, incluido “Rasguña las piedras”.
Fue como tratar de sacarle viruta aBBVA, el grupo dueño de Provida, del banco, y de una compañía de seguros del mismo nombre.
Cada uno recibió un cheque de entre dos y ocho millones de pesos aproximadamente. Y de acuerdo al monto, era el tamaño de las sonrisas de los trabajadores, conscientes de que este fallo tiene un carácter histórico.
Éste es el segundo fallo de la Suprema que favorece a los demandantes en un caso de este tipo.
El primer fallo aludido fue en 1995, y los beneficiados fueron los trabajadores de Madeco.
León, el abogado, aclaró que este litigio no termina con los pagos que se hicieron el viernes, sino que fácilmente podría extenderse por un año o más.

AÑOS DE ESPERA

Pedro Cuevas Orellana tiene 70 años y, a pesar de estar jubilado, continúa trabajando en Provida. Es el trabajador más antiguo que llegó el viernes hasta las oficinas del sindicato a buscar su platita. Entró a la empresa en 1981, cuando el actual sistema vio la luz.
Lo que vivió ese día, para él no dejó de ser una sorpresa: “Provida ha pasado por varios grupos económicos durante estos años, y no pensamos que íbamos a ganar el juicio”. Ríe, consciente de que no sólo es el trabajador de AFP más antiguo de Chile, sino probablemente “del mundo”. Después de todo, el modelo nació acá.
Fueron 13 años de espera y miles de fojas en el expediente. Pero BBVA recién acusó el golpe el pasado 15 de noviembre, cuando el 8º Juzgado Laboral de Santiago, tras el fallo del máximo tribunal de alzada, embargó las cuentas corrientes del conglomerado.
Tres días después, las relaciones entre el sindicato y los ejecutivos se congelaron. Los ejecutivos del grupo pidieron a los dirigentes sindicales “un gesto”, pero no especificaron cuál.
“No sabíamos a qué se referían, así es que no hicimos nada, y seguimos con el proceso judicial”, cuenta la presidenta del sindicato, Judith Rubio. Trieinta días después recibieron sus cheques.
Entre medio, cuatro han sido las directivas sindicales que han ejercido durante la tramitación de la causa iniciada en 1993. Por eso, el juicio está caratulado como González y otros en contra de Provida, aludiendo a Gabriel González, el líder sindical que dio el “vamos” a la demanda.
“Todo partió por iniciativa del asesor judicial, Laureano León. En el verano de ’92- 93 revisamos todos los antecedentes para convencernos de que esto no era una aventura leguleya, sino que efectivamente no se nos había respetado el derecho laboral vigente. Hablamos con el gerente de la empresa, pero no llegamos a nada e interpusimos la demanda”, cuenta González.
E hicieron exactamente lo mismo por las utilidades correspondientes a los años siguientes, hasta 1996, año en que Próvida cambió la forma de liquidar este beneficio a sus trabajadores, evidenciando de paso que asumía su error.