La Nación
Dalia Rojas
Una caja de incógnitas se destapó a las 10 de la mañana del viernes en la oficina del Sindicato Nacional de Trabajadores de Provida, cuando esa AFP comenzó a pagar una deuda de 1.100 millones de pesos con sus trabajadores. La pequeña fiesta sindical marcó el fin de una etapa y el inicio de otra de más largo alcance y que puede remecer un sistema ya debilitado: la verdad de cómo calculan y cómo tributan sus utilidades las administradoras de fondos de pensiones.
Durante una batalla legal de 13 años, los trabajadores de Provida lograron demostrar que esa AFP, propiedad del grupo español BBVA, hizo un cálculo arbitrario -a su favor- de las utilidades que le correspondía compartir con sus empleados. Una diferencia que, en la batalla judicial en curso, se calcula entre 2.000 y 8.500 millones de pesos, según el escenario. Para los peritos contratados por el tribunal, los 1.100 millones de pesos corresponden sólo a 70 por ciento de la deuda de Provida.
Pero Provida calla. Declinó responder las preguntas de LND y mantiene un perfil bajo, seguramente porque el problema que se le aproxima sobrepasa lejos el desembolso de aquella suma, pequeña para lo que está en juego. Como suele ocurrir en los temas financieros, el mecanismo denunciado es complejo, y las argucias difíciles de probar.
BICICLETA DE PREMIOS
En este caso, aunque el tribunal del trabajo aceptó la tesis sindical de que en las utilidades a compartir se deben incluir los “premios de baja siniestralidad” que las empresas de seguros otorgan a las AFP, luego la Corte Suprema no opinó lo mismo.
Esos premios son devoluciones que las aseguradoras remiten a las administradoras cuando se jubilan, mueren o invalidan menos afiliados que los estimados cuando se contrató el seguro.
Al menos la mitad de las AFP que operan en el mercado chileno de pensiones adquieren sus seguros con empresas de su mismo grupo económico. Una de ellas es Provida (BBVA), que controla un tercio de este mercado multimillonario y cautivo. De esta manera, los fondos que la AFP destina como primas para el pago de pensiones se invierten en los mercados por una empresa hermana, que luego regresa una parte como “premio”, lo que se suma a las utilidades de la administradora.
Adicionalmente, dice el abogado sindical Laureano León, estas devoluciones ocurren cada dos años porque las administradoras declaran un año bueno y uno malo, sucesivamente. En el “malo” no hay utilidades significativas, ni premios de baja siniestralidad y por ende bajan las gratificaciones a los trabajadores, y también los impuestos. En el “año bueno” se blanquea todo, pero han pasado 12 meses en que los dineros del “año malo” han generado lucro en los mercados de capitales.
León enseña sus cálculos: “El año 90 fue malo; apenas alcanzaron a 2.542 millones de pesos, o sea pocas utilidades, por lo que pagaron menos impuestos; el año 91 sube casi al triple, a 6.157 millones. Y esa es una constante: un año malo, uno bueno, uno malo, uno bueno... eso se repite hasta el día de hoy”.
Según el abogado, este ejercicio podría reportar un incremento de hasta 30 por ciento en el lucro, lo que a su vez podría ser de sumo interés para el Servicio de Impuestos Internos. León dice que hay cuatro querellas más en tramitación, y que si los tribunales consideran estos antecedentes, como ya lo hizo el SII, se produciría un nuevo vuelco en el tema, cuyas consecuencias pueden ser dramáticas para el sistema previsional.
REVISIÓN DEL SISTEMA
La candidata presidencial Michelle Bachelet ha prometido una revisión profunda del sistema previsional establecido por al dictadura, ante la evidencia de que ha servido básicamente como un mecanismo de acumulación de capital, sin garantizar a sus afiliados las jubilaciones prometidas cuando entraron al sistema y la vejez parecía, como siempre parece cuando uno es joven, imposible.
Convocado por el tribunal a dar su opinión en la demanda contra Provida, el SII fue más allá: no sólo aceptó la tesis de los trabajadores respecto a incluir los “premios por baja siniestralidad” en las utilidades anuales respectivas, sino que estimó que, en virtud de aquello, la deuda que los empleados reclamaban estaba por debajo de lo que la empresa realmente les adeudaba. Así consta, por ejemplo, en el Oficio Ordinario Nº 450, del 11 de agosto de 1998, suscrito por la jefa del Departamento de Resoluciones de este organismo fiscal, archivado a fojas 1433 del proceso en cuestión. El cálculo realizado por el SII incrementa el monto de las utilidades declaradas por la AFP Provida en 1.147 millones de pesos en el ejercicio tributario de 1990, y en 350,3 millones para 1991.
Fuentes relacionadas con Provida explicaron a LND que el problema es inherente al sistema, pues al no saber con certeza cuál será la tasa definitiva de siniestralidad de la cartera contratada el año en cuestión, el cálculo anual que incluyen en el balance es sólo lo ingresado durante ese período, aunque posteriormente se devenguen otros montos por el mismo concepto. En el asunto de fondo, se mostraron abiertos a modificar el sistema si el legislador así lo estima.
LLEGA EL AGUINALDO
Y así llegamos a la alegre mañana prenavideña del viernes 15 de diciembre, cuando se juntaron decenas de trabajadores activos y, la mayoría, ya desvinculados a cobrar los dinerillos. En total, 179 personas debían repartirse los 1.100 millones. Y, como si se tratase de una victoria antidictatorial, no falto el cantor espontáneo que desplegó todo el repertorio setentero, incluido “Rasguña las piedras”.
Fue como tratar de sacarle viruta aBBVA, el grupo dueño de Provida, del banco, y de una compañía de seguros del mismo nombre.
Cada uno recibió un cheque de entre dos y ocho millones de pesos aproximadamente. Y de acuerdo al monto, era el tamaño de las sonrisas de los trabajadores, conscientes de que este fallo tiene un carácter histórico.
Éste es el segundo fallo de la Suprema que favorece a los demandantes en un caso de este tipo.
El primer fallo aludido fue en 1995, y los beneficiados fueron los trabajadores de Madeco.
León, el abogado, aclaró que este litigio no termina con los pagos que se hicieron el viernes, sino que fácilmente podría extenderse por un año o más.
AÑOS DE ESPERA
Pedro Cuevas Orellana tiene 70 años y, a pesar de estar jubilado, continúa trabajando en Provida. Es el trabajador más antiguo que llegó el viernes hasta las oficinas del sindicato a buscar su platita. Entró a la empresa en 1981, cuando el actual sistema vio la luz.
Lo que vivió ese día, para él no dejó de ser una sorpresa: “Provida ha pasado por varios grupos económicos durante estos años, y no pensamos que íbamos a ganar el juicio”. Ríe, consciente de que no sólo es el trabajador de AFP más antiguo de Chile, sino probablemente “del mundo”. Después de todo, el modelo nació acá.
Fueron 13 años de espera y miles de fojas en el expediente. Pero BBVA recién acusó el golpe el pasado 15 de noviembre, cuando el 8º Juzgado Laboral de Santiago, tras el fallo del máximo tribunal de alzada, embargó las cuentas corrientes del conglomerado.
Tres días después, las relaciones entre el sindicato y los ejecutivos se congelaron. Los ejecutivos del grupo pidieron a los dirigentes sindicales “un gesto”, pero no especificaron cuál.
“No sabíamos a qué se referían, así es que no hicimos nada, y seguimos con el proceso judicial”, cuenta la presidenta del sindicato, Judith Rubio. Trieinta días después recibieron sus cheques.
Entre medio, cuatro han sido las directivas sindicales que han ejercido durante la tramitación de la causa iniciada en 1993. Por eso, el juicio está caratulado como González y otros en contra de Provida, aludiendo a Gabriel González, el líder sindical que dio el “vamos” a la demanda.
“Todo partió por iniciativa del asesor judicial, Laureano León. En el verano de ’92- 93 revisamos todos los antecedentes para convencernos de que esto no era una aventura leguleya, sino que efectivamente no se nos había respetado el derecho laboral vigente. Hablamos con el gerente de la empresa, pero no llegamos a nada e interpusimos la demanda”, cuenta González.
E hicieron exactamente lo mismo por las utilidades correspondientes a los años siguientes, hasta 1996, año en que Próvida cambió la forma de liquidar este beneficio a sus trabajadores, evidenciando de paso que asumía su error.
domingo, diciembre 18, 2005
Aviones F-16: ¡Sacar a mil!
Por Raúl Sohr
Chile está comprando a Holanda 18 aviones F-16 usados por 186 millones dólares. En el precio de estos aviones está incluida una modernización de alto nivel que dotará a los aparatos de radares y aviónica similar a los instalados en los nuevos. Cada avión usado costará un poco más de 10 millones de dólares. Caro, pero una ganga comparado con los más de 60 millones dólares que costó cada uno de los 10 F-16 adquiridos nuevos a Estados Unidos, de los cuales el primer par tocará suelo chileno en enero. Esa partida costó más de 600 millones de dólares.
Explicaciones a este gasto hay, pero no son satisfactorias. Una de ellas es que los F-16 nuevos tendrán una vida útil más larga, de 30 años, contra 20 de los usados. Pero dada la velocidad de obsolescencia tecnológica actual, no vale la pena pensar en décadas.
Otra explicación de la FACH es que cuando se compraron los primeros F-16 no había ofertas de máquinas usadas en el mercado. Las había, sin embargo: una partida de 24 aviones que Nueva Zelandia había desistido de adquirir.
Se sabía ya a finales de los ’90 que muchos de los países de la OTAN iniciaban drásticas reducciones de sus arsenales. Era cuestión de tiempos de espera breves para conseguir unidades de segunda mano, o “seminuevas”, como se dice ahora. A tal punto parecía excéntrica la adquisición de la FACH que un analista ofendió al mando aéreo señalando que, de concretarse la compra, sería la escuadrilla de acrobacia más cara de la historia institucional.
Brasil abrió un concurso para la compra de aviones poco tiempo después que Chile y vio a los mismos abastecedores ofrecer sus máquinas: Lockheed-Martin (F-16), Boeing (F-18), Dassault (Mirage 2000-V), Saab (Gripen), amén de rusos y ucranianos (MIG y Sukhoi). Al final, el Presidente Lula optó por una docena de Mirage 2000 de segunda mano por meros 100 millones de dólares.
La Fuerza Aérea de Brasil sabe, como todo el mundo, que buenos aviones usados no sólo son muchísimo más baratos, sino que son casi tan eficaces como los nuevos. Ello
porque, en definitiva, un avión es una plataforma transportadora de armas. Mucho más depende de la capacidad de los radares y los misiles que de la potencia del motor y su capacidad de aceleración. Dicho sea de paso, al citar los precios de los F-16 chilenos o los Mirage 2000 brasileños, se alude sólo a la plataforma. El armamento es cuenta aparte. Por norma, los misiles y bombas inteligentes suelen costar alrededor de la mitad del valor de la plataforma. Cuanto más cara la plataforma, más sofisticado el arsenal embarcado.
En América del Sur, los países buscan una capacidad disuasiva que inhiba tentaciones aventureras. Y para ese objetivo no son necesarios sistemas de armamentos de última generación. Un argumento recurrente para justificar la compra de equipos nuevos es la necesidad de mantenerse en línea con los desarrollos tecnológicos. Esta razón es válida si las plataformas son incompatibles con el armamento. En el caso de los F-16, no hay ninguna diferencia entre los nuevos y los de segunda mano. Ambos pueden portar exactamente los mismos equipos y material destructivo.
La Armada de Chile terminó por convencerse de las ventajas del equipo usado. Por ello renunció a la construcción de buques nuevos, como lo había concebido en el Plan Tridente. De haberse materializado esta idea, apenas tres buques nuevos hubiesen costado 900 millones de dólares. En cambio, las ocho fragatas adquiridas a Gran Bretaña y Holanda costarán algo más de la mitad de dicha cifra. Así, la escuadra contará con unidades con prestaciones aceptables para las próximas dos décadas.
El caso de los submarinos es diferente. Los Scorpene fueron adquiridos nuevos, y es que el mercado de sumergibles es de poca monta. Ello porque las armadas quieren tener absoluta certeza de la calidad de cada remache y soldadura de un vehículo que se someterá a la presión de cientos de metros de profundidad. El Ejército, por su parte, también ha comprado tanques usados.
La compra de los F-16 nuevos por parte de la FACH fue desechada por el Gobierno del Presidente Eduardo Frei. Así lo señaló en su momento John Biehl, que se desempeñó como ministro secretario general de la Presidencia. El cambio de política se debió a la presión combinada de la FACH y los fabricantes norteamericanos. Para realizar la venta, Estados Unidos cambió su política de ventas de armamentos a América Latina. En las décadas anteriores se negó a vender material aéreo supersónico, para no estimular una carrera armamentista.
La incorporación de los nuevos F-16 al arsenal chileno marcó un hito que fue resentido tanto por los gobiernos de Argentina como Perú, que manifestaron sus reparos a Washington. En ambos países, los gobernantes estimaron que se incrementaba la presión de sus militares por igualar o superar la compra chilena.
Cada unidad de estos aviones nuevos cuesta lo mismo que la construcción de un kilómetro de metro. Semejante asignación de recursos públicos requiere de explicaciones a la ciudadanía que aporta los medios.
Chile está comprando a Holanda 18 aviones F-16 usados por 186 millones dólares. En el precio de estos aviones está incluida una modernización de alto nivel que dotará a los aparatos de radares y aviónica similar a los instalados en los nuevos. Cada avión usado costará un poco más de 10 millones de dólares. Caro, pero una ganga comparado con los más de 60 millones dólares que costó cada uno de los 10 F-16 adquiridos nuevos a Estados Unidos, de los cuales el primer par tocará suelo chileno en enero. Esa partida costó más de 600 millones de dólares.
Explicaciones a este gasto hay, pero no son satisfactorias. Una de ellas es que los F-16 nuevos tendrán una vida útil más larga, de 30 años, contra 20 de los usados. Pero dada la velocidad de obsolescencia tecnológica actual, no vale la pena pensar en décadas.
Otra explicación de la FACH es que cuando se compraron los primeros F-16 no había ofertas de máquinas usadas en el mercado. Las había, sin embargo: una partida de 24 aviones que Nueva Zelandia había desistido de adquirir.
Se sabía ya a finales de los ’90 que muchos de los países de la OTAN iniciaban drásticas reducciones de sus arsenales. Era cuestión de tiempos de espera breves para conseguir unidades de segunda mano, o “seminuevas”, como se dice ahora. A tal punto parecía excéntrica la adquisición de la FACH que un analista ofendió al mando aéreo señalando que, de concretarse la compra, sería la escuadrilla de acrobacia más cara de la historia institucional.
Brasil abrió un concurso para la compra de aviones poco tiempo después que Chile y vio a los mismos abastecedores ofrecer sus máquinas: Lockheed-Martin (F-16), Boeing (F-18), Dassault (Mirage 2000-V), Saab (Gripen), amén de rusos y ucranianos (MIG y Sukhoi). Al final, el Presidente Lula optó por una docena de Mirage 2000 de segunda mano por meros 100 millones de dólares.
La Fuerza Aérea de Brasil sabe, como todo el mundo, que buenos aviones usados no sólo son muchísimo más baratos, sino que son casi tan eficaces como los nuevos. Ello
porque, en definitiva, un avión es una plataforma transportadora de armas. Mucho más depende de la capacidad de los radares y los misiles que de la potencia del motor y su capacidad de aceleración. Dicho sea de paso, al citar los precios de los F-16 chilenos o los Mirage 2000 brasileños, se alude sólo a la plataforma. El armamento es cuenta aparte. Por norma, los misiles y bombas inteligentes suelen costar alrededor de la mitad del valor de la plataforma. Cuanto más cara la plataforma, más sofisticado el arsenal embarcado.
En América del Sur, los países buscan una capacidad disuasiva que inhiba tentaciones aventureras. Y para ese objetivo no son necesarios sistemas de armamentos de última generación. Un argumento recurrente para justificar la compra de equipos nuevos es la necesidad de mantenerse en línea con los desarrollos tecnológicos. Esta razón es válida si las plataformas son incompatibles con el armamento. En el caso de los F-16, no hay ninguna diferencia entre los nuevos y los de segunda mano. Ambos pueden portar exactamente los mismos equipos y material destructivo.
La Armada de Chile terminó por convencerse de las ventajas del equipo usado. Por ello renunció a la construcción de buques nuevos, como lo había concebido en el Plan Tridente. De haberse materializado esta idea, apenas tres buques nuevos hubiesen costado 900 millones de dólares. En cambio, las ocho fragatas adquiridas a Gran Bretaña y Holanda costarán algo más de la mitad de dicha cifra. Así, la escuadra contará con unidades con prestaciones aceptables para las próximas dos décadas.
El caso de los submarinos es diferente. Los Scorpene fueron adquiridos nuevos, y es que el mercado de sumergibles es de poca monta. Ello porque las armadas quieren tener absoluta certeza de la calidad de cada remache y soldadura de un vehículo que se someterá a la presión de cientos de metros de profundidad. El Ejército, por su parte, también ha comprado tanques usados.
La compra de los F-16 nuevos por parte de la FACH fue desechada por el Gobierno del Presidente Eduardo Frei. Así lo señaló en su momento John Biehl, que se desempeñó como ministro secretario general de la Presidencia. El cambio de política se debió a la presión combinada de la FACH y los fabricantes norteamericanos. Para realizar la venta, Estados Unidos cambió su política de ventas de armamentos a América Latina. En las décadas anteriores se negó a vender material aéreo supersónico, para no estimular una carrera armamentista.
La incorporación de los nuevos F-16 al arsenal chileno marcó un hito que fue resentido tanto por los gobiernos de Argentina como Perú, que manifestaron sus reparos a Washington. En ambos países, los gobernantes estimaron que se incrementaba la presión de sus militares por igualar o superar la compra chilena.
Cada unidad de estos aviones nuevos cuesta lo mismo que la construcción de un kilómetro de metro. Semejante asignación de recursos públicos requiere de explicaciones a la ciudadanía que aporta los medios.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
